Corrupción en España desde 1978: los casos con condena

12 de noviembre de 2026

Cuando se habla de corrupción en España es fácil mezclar tres cosas distintas: lo que se investiga, lo que se juzga y lo que un tribunal acaba dando por probado. Este repaso se queda solo con lo tercero. Recoge varios de los casos más conocidos desde 1978 que han terminado en condena y cuenta lo que dicen las sentencias, sin entrar en las causas que siguen abiertas.

Hay casos de partidos distintos, de gobiernos autonómicos, de ayuntamientos y de fuera de los partidos. No es una lista completa ni un ranking: sirve para entender qué se ha condenado y cómo leer este tipo de noticias.

Cómo leer un caso de corrupción

Antes de la lista conviene tener claros cuatro términos, porque de ellos depende lo que se puede afirmar:

• Investigado o acusado. Una persona investigada o sentada en el banquillo no ha sido condenada. Hasta que hay sentencia, rige la presunción de inocencia.
• Condena. Es la decisión de un tribunal tras el juicio. Puede recurrirse.
• Sentencia firme. Es la que ya no admite recurso ordinario. A partir de ahí solo queda, en algunos supuestos, acudir al Tribunal Constitucional.
• Partícipe a título lucrativo. Es una responsabilidad civil, no penal: obliga a devolver el beneficio obtenido de un delito que han cometido otros.

Casos que han terminado en condena

Filesa

El 28 de octubre de 1997, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó sentencia en el caso Filesa. La resolución afirma que se cometieron delitos con el objeto de obtener fondos para financiar campañas electorales de un partido político. El caso giraba en torno a una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) creada para financiar al PSOE y hacer frente a los gastos de las campañas de 1989. Al estar implicado un senador, que era aforado, el asunto se tramitó directamente en el Supremo.

Malaya

La operación Malaya, cuyas primeras investigaciones se remontan a 2005, destapó en el Ayuntamiento de Marbella un entramado de cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias ligado al urbanismo. Tanto la trama principal como varias piezas separadas fueron juzgadas, y las condenas, ratificadas tras recurso ante el Tribunal Supremo. Se considera un ejemplo típico de la corrupción asociada al desarrollo inmobiliario anterior a la crisis de 2008.

Nóos

El caso Nóos investigó los convenios firmados en 2005 y 2006 entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos, una fundación presidida por Iñaki Urdangarin. El Tribunal Supremo confirmó en lo sustancial la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma y fijó para él una pena de 5 años y 10 meses de prisión por prevaricación y malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. Es un ejemplo de que la corrupción no pasa siempre por un partido.

Palau

El Tribunal Supremo ratificó, con ligeras variaciones, la sentencia que la Audiencia de Barcelona dictó el 29 de diciembre de 2017 sobre el desvío de fondos del Palau de la Música Catalana. Confirmó una pena de 9 años y 8 meses de prisión para quien fue su máximo responsable y la obligación de devolver 23 millones de euros a la institución. En lo que afecta a un partido, confirmó el decomiso de 6,6 millones de euros a Convergència Democràtica de Catalunya como ganancias obtenidas mediante tráfico de influencias, por comisiones de la constructora Ferrovial que llegaban al partido de forma oculta.

Gürtel

El 14 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó en líneas generales la sentencia que la Audiencia Nacional había dictado en mayo de 2018 sobre la llamada primera época del caso Gürtel, que abarca de 1999 a 2005. La sentencia, dictada por unanimidad, condenó a 29 personas por delitos como cohecho, malversación, prevaricación, asociación ilícita o blanqueo de capitales. Las penas más altas fueron la del empresario Francisco Correa, cabecilla de la red, con 51 años, y la del extesorero del PP Luis Bárcenas, con 29 años y un mes.

El Supremo confirmó además la responsabilidad del Partido Popular como partícipe a título lucrativo, por actos electorales que las empresas de la red pagaron en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

ERE

En la llamada pieza específica del caso ERE se juzgó a responsables políticos y administrativos de la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, por la gestión de unas ayudas sociolaborales. La Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia el 19 de noviembre de 2019, y el Tribunal Supremo mantuvo en 2022 la mayor parte de las condenas, con el voto discrepante de dos magistradas. Según el Supremo, se creó y se mantuvo un sistema de concesión de ayudas pensado para evitar todo control administrativo, que permitió disponer de dinero público de forma discrecional.

El caso no quedó ahí. En julio de 2024, el Tribunal Constitucional estimó en parte los recursos de amparo de varios condenados por vulneración del derecho a la legalidad penal y ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar nuevas resoluciones. Es un buen ejemplo de por qué conviene fijarse en la fase en la que está cada causa.

Mascarillas

El 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo notificó la sentencia del llamado caso mascarillas. Condenó por unanimidad al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, 8 meses y un día, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El empresario Víctor de Aldama fue condenado a 4 años y 6 meses, con la atenuante de colaboración con la Justicia, y el tribunal suspendió la ejecución de su pena.

La sentencia considera probados, entre otros hechos, los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada al empresario. Ábalos era ministro en un Gobierno del PSOE cuando ocurrieron los hechos.

Lo que tienen en común

Leídas una detrás de otra, las sentencias muestran patrones que se repiten con independencia del partido:

• La contratación pública es el punto débil. Obras, suministros, convenios y ayudas aparecen en casi todos los casos.
• Hay dos destinos para el dinero. En unos casos acaba en el bolsillo de personas concretas; en otros sirve para pagar gastos de un partido, como sus campañas.
• Los plazos son muy largos. Entre los hechos y la sentencia definitiva pueden pasar más de diez años: Gürtel abarca hechos desde 1999 y el Supremo se pronunció en 2020.
• Ocurre en todos los niveles. Hay casos en ministerios, en gobiernos autonómicos y en ayuntamientos.

Dónde consultar los datos

Si quieres ir a la fuente en lugar de fiarte de titulares, hay dos sitios útiles:

• El Consejo General del Poder Judicial mantiene un repositorio público de datos sobre procesos por corrupción, con los procedimientos en los que se ha abierto juicio oral, los condenados por sentencia firme y la población reclusa por estos delitos.
• Transparencia Internacional publica cada año un índice de percepción de la corrupción. En 2025, España obtuvo 55 puntos sobre 100 y quedó en el puesto 49 de 182 países. Mide percepción, no número de casos.

Qué tiene que ver esto con tu ideología

Poco, y esa es la conclusión. Los casos de esta lista afectan a partidos y gobiernos situados en lugares muy distintos del mapa político (puedes ver dónde se sitúa cada uno en Partidos políticos de España y sus ideologías). La corrupción no es una ideología ni pertenece a un lado: es una forma de abusar del poder que aparece allí donde hay dinero público y poco control.

Por eso un test como la Brújula Ideológica no puede decirte nada sobre la honradez de un partido. Lo que mide son ideas: tu posición en seis ejes, entre ellos el de poder del Estado, que va de la libertad a la autoridad, y el de método de cambio, que va de la reforma a la ruptura. Saber dónde estás en esos ejes sirve para separar dos preguntas que a menudo se confunden: con qué ideas estás de acuerdo y a quién consideras digno de confianza para aplicarlas.